Posicionamiento y llamado a adhesiones ante el Proyecto de Ley 121/000064

El pasado 17 de julio de 2025 el Gobierno de España presentó el Proyecto de Ley 121/000064, destinado a reformar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con el objetivo de adaptarlas al mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),ratificada por España en 2008.

Desde la Coalición ActivaMent–Hierbabuena hemos elaborado un documento de posicionamiento y propuestas de enmienda en el que, por un lado, reconocemos los avances introducidos en el proyecto legislativo —tales como la inclusión expresa de la accesibilidad universal, el impulso hacia la vida independiente, el refuerzo de los derechos de las mujeres, niñas y niños con discapacidad, así como la apertura a revisar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que durante décadas ha legitimado incontables internamientos forzosos—; y, por otro lado, señalamos con firmeza que la redacción actual mantiene la posibilidad de internamientos y tratamientos involuntarios en el ámbito de la salud mental, lo cual resulta incompatible con la CDPD y con las Observaciones y Recomendaciones dirigidas a España por el Comité de Naciones Unidas.

España, al ratificar la CDPD en 2008, asumió la obligación jurídica internacional de garantizar su pleno cumplimiento. En consecuencia, debe quedar absolutamente claro que ninguna persona puede ser privada de libertad, atada u obligada a consumir psicofármacos, ni sometida a electroshock sin consentimiento libre y adecuadamente informado. La coerción, lejos de constituir una forma de cuidado, constituye una vulneración de derechos y una forma de violencia.

Nos encontramos ante un momento crucial. El Proyecto de Ley se halla en fase de enmiendas en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados hasta el 19 de noviembre de 2025, tras sucesivas ampliaciones de plazo. Posteriormente, la Ley tendrá que ser aprobada por el Congreso y el Senado. Asimismo, su disposición adicional octava establece un plazo de un año para la presentación de una Ley Orgánica que reforme el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este escenario abre una ventana política histórica: la posibilidad real de avanzar hacia la abolición definitiva del internamiento y el tratamiento involuntario, y de promover la creación de alternativas comunitarias, respetuosas con la voluntad de cada persona y, por tanto, libres de coerción y violencia.

Este margen ampliado nos permite más tiempo para la incidencia política desde quienes hemos vivido experiencias de sufrimiento extremo, con las vulneraciones de derechos derivadas, y para sumar adhesiones de personas, entidades y colectivos, que refuercen la legitimidad social y política de estas propuestas, que consideramos válidas para todas y todos.